Amnistía fiscal: definición y proceso en España sobre la recuperación de capital en B

No hay un tema de más actualidad en España. Un tema tan polémico como controvertido. Una cuestión que se ha vuelto muy escabrosa en estos últimos años debido a la publicidad que se ha hecho de las personas que no contribuyen y no pagan sus impuestos en España.

El extesorero del Partido Popular y exsenador, Luis Barcenas; el duque de Palma de Mallorca, Iñaki Urdangarín; o inculso el mismísimo presidente del gobierno, Mariano Rajoy, son algunos de los hombres que han recibido ciertas cantidades de dinero sin que Hacienda vea un euro. Los famosos sobres que circularon por la calle Génova o los 22 millones de euros en una cuenta suiza son algunos de los ejemplos que se han beneficiado de la amnistía fiscal.

La amnistía fiscal es, según un blog económico, “la extinción de una responsabilidad penal, o lo que es lo mismo, una forma de perdonar y olvidar todo lo que se haya podido hacer en el pasado”.

El ministro de Hacienda y de Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, aprobó y anunció el año pasado una nueva medida que ampliaba la amnistía fiscal a los bienes no declarados. Un ejemplo de bienes no declarados son los que se encuentran en los famosos paraísos fiscales. Haciendo uso de estos lugares, muchos empresarios, anónimos o populares entre la opinión pública, españoles o internacionales, no declaran sus bienes en el país de origen y los llevan a cuentas emplazadas en otros países. Los principales motivos que pueden llevar a alguien a hacer uso de este mecanismo son bien que el valor impositivo del país es menor o bien la ausencia de un valor. Uno de los países que más bienes no declarados recibe al año es Suiza.

Pues bien, lo que pretende Cristóbal Montoro es que todo ese dinero que se ha escondido y que no ha sido declarado en el país de origen (en este caso, España) y ha huido a un país receptor (por ejemplo, Suiza), sea finalmente declarado en España. Así, la nueva amnistía fiscal pretende regularizar el dinero que se hurtó a la cotización impositiva de la Hacienda pública, ya fuera a través del Impuesto de Sociedades (el impuesto a las empresas) o el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF). A cambió de hacer aflorar las cantidades evadidas, el infractor sólo debe pagar el 10% del patrimonio y el IVA que se tendría que haber pagado en su momento.

La medida del ministro pretende hacer aflorar el dinero que se puede haber llevado a paraísos fiscales, sino también el dinero en metálico que esté fuera de España o, como se dice popularmente, “debajo de la cama”. Capital que no se declaró en su momento y con el que el Estado pretende aumentar sus recursos monetarias.

Esta nueva medida fue muy protestada por el resto de los partidos políticos ya que, según varios dirigentes socialistas, era una medida que no se debería de haber aprobado. En vez de actuar de esta manera, desde la oposición se insistió en que se tendría que haber buscado toda la información necesaria para localizar las cuentas de ciudadanos españoles en paraísos fiscales y, después, denunciar a las personas que realizan estas actividades como delincuentes después de realizar un acto ilegal y no aprobado en España. Se debe tener en cuenta, además, que el tipo impositivo del 10% es menor que el que se mantiene sobre impuestos como el de sociedades y el de la renta, por lo que, en definitiva, a los evasores les ha salido más barato declarar su patrimonio tras la amnistía fiscal que hacerlo en su debido momento. Sin duda, un agravio comparativo con aquellos que cumplen con sus obligaciones fiscales puntualmente.